En el marco de la tradicional y multitudinaria caminata “Un paso por mi familia 2021”, la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo publicó un manifiesto donde las familias exigen al gobierno de República Dominicana elaborar políticas concretas para proteger la vida desde la concepción, promover los derechos y el desarrollo de las familias.

Desde el 2012, la Comisión Nacional de Familia (CNF) de República Dominicana lidera la caminata “Un paso por mi Familia”, una iniciativa que ha reunido a más de 80 mil personas y que es acompañada de diversas actividades, que en suma buscan “resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar” en el país.

La iniciativa se realiza cada año en noviembre, designado como el mes de la familia bajo decreto nacional desde 1971. A causa de la pandemia del COVID-19, desde el 2020 “Un paso por mi familia” se realiza de forma semipresencial, e incluye eventos virtuales.

El “Manifiesto de la Familia”, publicado el 21 de noviembre, se dirige sobre todo a las autoridades responsables de velar por el bienestar de las familias en República Dominicana, y busca que se reconozca la “importancia de la familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer”.

Recordaron que “la familia es la célula primera y vital de la sociedad” de la que “se nutren todas las demás instituciones”. Por ello, “merece ser reconocida por la sociedad y por el Estado”, que tiene la obligación de “adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y la familia”.

En esa línea, dijeron que el Gobierno tiene el deber de implementar una “genuina y correcta política familiar”, que será posible “solo si se da un verdadero reconocimiento y protección de los derechos de la familia”, que es el “santuario de la vida”. Esto implica promover su desarrollo, reconociendo su identidad propia “y aceptando efectivamente su papel de sujeto social”, indicaron.

Por eso, llamaron “al Gobierno, a los legisladores y a toda la población dominicana, a defender la vida, el matrimonio y la familia”, según “reza la Constitución” de República Dominicana, que respeta la vida desde la concepción y promueve el matrimonio entre el hombre y la mujer.

Recordaron que el artículo 37 dice que “la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, y por eso “no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”. De igual modo, señalaron que “el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” afirma que “todo individuo tiene derecho a la vida”, libertad y seguridad de su persona”.

Además, mencionaron que “el artículo 6 del pacto internacional de derechos civiles y políticos establece que ‘el derecho a la vida es inherente a la persona humana’”, y por ello, está “protegido por la ley” y “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

Las familias recordaron que la ciencia respalda lo que señala la Constitución, pues los científicos afirman que desde que “el óvulo es fecundado en el vientre de la madre, ya es concebido un nuevo ser humano, una persona, con su identidad propia”.

En ese sentido, subrayaron que todo ser humano en estado fetal “ya tiene una dignidad intrínseca, con carácter único e irrepetible en cada vida; prescindiendo de todas las circunstancias psicológicas y sociológicas que le rodeen”. “Es el inicio ya de la persona humana, todo lo que sigue es un simple desarrollo en el que Dios creador imprime la belleza y el amor”, precisaron.

Las familias también se refirieron al matrimonio y recordaron que “el artículo 55 de la Constitución “sostiene que la familia, fundada en la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, ha de ser promovida y protegida por el Estado, ya que el bien de la familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley”.

En ese sentido, exigieron al Gobierno “garantizar el bienestar y la estabilidad familiar mediante acciones y políticas que le favorezcan para su subsistencia y crecimiento”.

Toda la sociedad debe “volcarse hacia la familia”, pues “responde al plan de Dios”, que creó “al hombre y la mujer y quiso que se unieran en matrimonio para que el hombre, ‘la única creatura en la tierra a la que Dios quiso por sí misma’, se multiplicara y continuara su obra creadora”, dijeron.

En esa línea, llamaron a estar atentos hoy más que nunca “a las transformaciones que se producen y que amenazan la estabilidad del matrimonio y la familia como bien preciado de Dios”.

Además, reafirmaron su compromiso como Iglesia de permanecer vigilantes para defender la vida y la familia, fundada en el matrimonio entre “un hombre y una mujer, porque a pesar de los cambios, el mundo espera y necesita el testimonio de la familia cristiana, que contrarreste la violencia intrafamiliar que se da en el seno de algunos hogares”.

En esa línea, recordaron que “la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer” es un “signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia”.  Por eso, la familia “cuida, ama y respeta la vida desde su concepción en el vientre materno hasta la muerte natural”, y “educa la afectividad y la sexualidad de sus miembros”, agregaron.

Esto implica “rechazar de plano la ideología de género que se le quiere imponer”, y hacer “uso de nuestro derecho constitucional de ser los responsables de la educación de nuestros hijos menores”, que está presente en el artículo 63, subrayaron.

A partir de esta reflexión, las familias enviaron una serie de propuestas al Gobierno. Primero, llamaron al Estado y a la sociedad a reconocer y garantizar “el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

Luego, propusieron que a través “del plan social de la presidencia, Senasa, entre otros departamentos”, el Gobierno garantice la subsistencia de las familias, suministrando “alimentos, medicinas y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema”.

Después, llamaron a establecer “planes de viviendas a bajo costo, con financiamiento asegurado, para las familias necesitadas, control del mercado de alquiler; fijar tarifas equitativas y redes comunales, tarifas del gas, de la energía eléctrica, del agua, red de acceso a los servicios de transporte, escuela, entre otros, según la renta y la carga familiar”.

Además, propusieron “crear una red de Centros de Asistencia Familiar a las familias con dificultades de convivencia, que contribuyan a proteger a las víctimas de la violencia, especialmente, a las mujeres, niños y niñas”; y también “centros especializados para terapias de niños y niñas huérfanos traumatizados”, sobre todo a causa de “violencia intrafamiliar”.

También llamaron al Estado y al sector privado a promover oportunidades de trabajo para que las familias puedan “asegurar el sustento diario, la educación, la vivienda y un ambiente sano que permita la convivencia armónica en equidad y solidaridad”.

Asimismo, llamaron a implementar una “educación sexual integral basada en valores éticos y morales, tanto en las familias como en las escuelas, que conduzca a una sana afectividad”; y a “involucrar a los medios de comunicación social en la formación de familias sanas, evitando divulgar todo lo que provoque desintegración familiar, violencia y antivalores”.

Finalmente, reiteraron su llamado de “crear el Ministerio de la Familia, que coordine, articule e integre todas las políticas públicas” relacionados a la familia como el “Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), el Ministerio de la Juventud, el Departamento de Protección de la Vejez del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional de los Discapacitados (CONADIS)” y otros.

Debemos “respetar el escudo en nuestra bandera nacional que enarbola la Biblia en su centro y las palabras sacrosantas de Dios, Patria y Libertad”, subrayaron. “La familia debe ser la gran protagonista de las políticas públicas del Estado”, que debe “apoyar la estabilidad de los matrimonios y las familias”, para que “podamos gozar de una sociedad sana”, concluyó.